Mal negocio: las preferencias comerciales de EE.UU. no deberían ser una recompensa por tolerar la violencia.

 
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Es hora de lanzar una bomba diplomática sobre Colombia. Hasta que el presidente Álvaro Uribe, aliado de Estados Unidos, no detenga los asesinatos de los líderes sindicales e investigue la complicidad corporativa en los abusos a los derechos humanos, el Congreso estadounidense debería retrasar el acuerdo de libre comercio pendiente con Colombia.

Desde 1986, han sido asesinados 2,515 organizadores sindicales, según la Escuela Nacional Sindical de Colombia, un sindicato paraguas. Esto lo convierte en el país más peligroso del mundo para miembros de sindicatos. La inmensa mayoría de esos asesinatos son cometidos por grupos paramilitares de extrema derecha creados en los ochenta para luchar contra las guerrillas en el país que lleva cuatro décadas en guerra. Aunque los rebeldes de izquierda también asesinan a los líderes sindicales que creen enemigos, la izquierda es responsable de poco más del 2% de tales muertes, según Amnistía Internacional.

Se necesita una profunda investigación para detectar los vínculos entre las corporaciones estadounidenses y los escuadrones de la muerte paramilitares.

En febrero, Chiquita Brands International admitió haber pagado US$1.7 millones durante siete años al principal grupo paramilitar, Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia, para proteger sus operaciones bananeras. Chiquita finalmente le pagó US$25 millones al Departamento de Estado por ayudar a un grupo terrorista.

En Atlanta una corte de apelaciones está considerando un caso contra Coca-Cola, el gigante refresquero global, por sus supuestos vínculos con el asesinato de cuatro líderes sindicales por paramilitares, a mediados de los noventa.

Y en la primera ocasión que una empresa estadounidense fue juzgada en una corte de Estados Unidos por abusos a los derechos humanos en el extranjero, las familias de tres organizadores sindicales asesinados demandaron a Drummond, una compañía minera de Alabama. Ellos acusaron a Drummond de haber contratado matones paramilitares en 2001 para asesinar a los tres hombres.

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"Drummond no es la única compañía. Existen muchas otras que están pagando", por protección, le dijo Edwin Guzmán, un ex sargento del ejército colombiano, a un comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en junio pasado. Guzmán declaró que Drummond suministraba camiones, motocicletas y gasolina a los paramilitares para proteger a sus empleados y sus cargamentos al puerto de la empresa.

Según Uribe...

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