Cuenten conmigo.

AuthorEpstein, Jack
PositionTT: Count with me.

Silicon Jack se prepara para protestar contra el lado oscuro del libre comercio.

En teoría, el libre comercio es algo genial: crea empleos, eleva los salarios, obliga a las empresas a ofrecer productos mejores y más baratos y reduce la inmigración ilegal a Estados Unidos. Eso es lo que los defensores del libre comercio nos dicen una y otra vez, y algunas veces resulta cierto.

Pero el libre comercio también tiene la preocupante tendencia a colocar a todos --con excepción de los más ricos-- bajo el común denominador más bajo en términos de salarios, normas de salud y derechos humanos básicos, para no mencionar las prácticas comerciales aceptadas en el mundo desarrollado.

Un ejemplo es la reciente decisión en el caso de Metalclad Corp. vs México. En agosto pasado, un tribunal internacional que sesionó a puertas cerradas ordenó a México pagar casi US$17 millones en compensación por daños a Metalclad, de Newport Beach, California. Las autoridades de San Luis Potosí detuvieron la construcción de una enorme planta de tratamiento de desechos tóxicos por considerada dañina al medio ambiente.

Grupos políticos y ambientalistas se apresuraron a aprovechar la oportunidad de avergonzar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había cortejado a Metalclad. Como ha sucedido en otros países latinoamericanos en años recientes, los movimientos de las democracias nacientes han obstaculizado los planes de compañias extranjeras. La autonomía local, un concepto desconocido en buena parte de América Latina y básico en el sistema democrático norteamericano, fue lo que obstaculizó el proyecto de Metalclad.

En comentarios a The New York Times después de la decisión, Grant S. Kesler, presidente de Metalclad, expresó que México genera 10 millones de toneladas de desechos tóxicos al año y sólo cuenta con una planta de procesamiento. El resto se vierte clandestinamente. El proyecto cancelado habría manejado 360.000 toneladas anuales de esos desechos tóxicos.

Pero Metalclad debió haber consultado con los gobiernos locales y los grupos de acción cívica. En su lugar, la compañía creyó en los burócratas de la capital federal, quienes le aseguraron que la planta era cosa hecha, ¿Habría hecho lo mismo Metalclad, digamos en Oregon, con garantías similares de los políticos de Washington? ¿Se hubieran gastado ese dineral primero sin consultar primero a las autoridades locales? Difícilmente.

Un mejor TLC. Metalclad confió en el Capítulo 11 del TLC, que incluye una...

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