Dano colateral: la guerra contra las drogas mantiene a los campesinos latinoamericanos amarrados al narcotrafico.

• Author: Epstein, Jack

En los últimos 12 meses la presión ejercida por Estados Unidos en Bolivia y Perú para eliminar los cultivos de coca ha encontrado por respuesta protestas cada vez más violentas.

Era de esperar. La dependencia de los pequeños agricultores del cultivo de la coca nunca ha sido mayor. Más de la mitad de los 26 millones de habitantes de Perú viven con menos de US$2 diarios. Casi el 70% de los 8.3 millones de bolivianos viven en la pobreza. En algunas áreas rurales, la coca es el único cultivo viable.

En ambos países, la violencia entre los cocaleros y el gobierno es un tema de la vida política. Los cocaleros son la mayor amenaza política para el presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada. Los electores, resentidos, se han inclinado por los partidos que respaldan a los cocaleros, que ahora controlan una tercera parte del Congreso boliviano. En Perú, los cocaleros han organizados numerosas huelgas, bloqueando edificios públicos y autopistas en un reto al presidente Alejandro Toledo, quien ha prometido erradicar 22,000 hectáreas de coca--el 47% del cultivo de la planta a nivel nacional--para finales de su período presidencial en 2006.

El congresista boliviano Evo Morales, el líder cocalero que perdió las elecciones presidenciales de 2002 por 43,000 votos, advierte que si no se encuentra una solución, habrá una "confrontación permanente" y la coca se convertirá en sinónimo de la militarización, de la guerra".

Desafortunadamente, la política estadounidense de rechazo total a la coca alimenta esa guerra. Washington sigue condicionando la ayuda para el desarrollo alternativo al cumplimiento de metas de erradicación, lo que deja a Bolivia y Perú vulnerables a más inestabilidad social.

Obviamente, el conflicto no es solo sobre la droga. La clave es la economía. Las reformas de libre mercado no han logrado aliviar la pobreza o crear suficientes empleos. El Consejo de Asuntos Hemisféricos afirma que el programa de erradicación le cuesta a las comunidades rurales bolivianas unos US$200 millones al año. "Nos oponemos al narcotráfico", declaró a la BBC recientemente Marisela Guillén, secretaria general de la Asociación de Productores Agrícolas de los Valles del Río Apurimac-ENE, organización peruana de 3,000 miembros. "Sólo queremos sobrevivir", agregó.

A los cocaleros lo que les interesa no es drogarse, sino alimentar a sus familias. No importa las veces que la policía les destruya sus cultivos, volverán a plantar.

El ardor de la batalla ha...